LAS DEMORAS, LAS LEYES Y LA DERIVACIÓN A LA MEDICINA PRIVADA

Seis meses (180 días) será el tiempo máximo de espera que la sanidad pública asturiana fijará por ley para una operación cardíaca (sobre todo para implantes de válvulas) o para que un paciente sea intervenido de una prótesis de cadera o de rodilla. El mismo plazo (medio año) se establecerá para una cirugía de cataratas o para una histerectomía. Por contra, para pruebas radiológicas como un escáner (TAC), una resonancia, una mamografía o una colonoscopia, donde ahora se puede llegar a esperar hasta un año, el tope será de sesenta días (dos meses). Por encima de esos plazos, los pacientes del Servicio de Salud del Principado (Sespa) podrán exigir ser derivados a otro centro sanitario, incluso privado, para someterse a la operación o la técnica diagnóstica por la que llevan meses aguardando en la pública.

La espera máxima para una operación en el Sespa será de seis meses por decreto

Sanidad facilitará asistencia médica privada cuando se alarguen los plazos de espera

Sanidad pagará pruebas y operaciones en la privada si los hospitales públicos exceden las esperas máximas

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