Según información dada por la La Nueva España, el procedimiento administrativo que parece ganar terreno consiste en derogar los nombramientos de los 23 facultativos que obtuvieron un puesto, y a continuación arbitrar un mecanismo encaminado a que puedan continuar de forma provisional en el hospital en el que actualmente trabajan. Esta estrategia se apoya en la tesis de que devolver a estos médicos a sus hospitales de origen supondría una alteración muy notable de los esquemas organizativos vigentes. De llevarse adelante esta idea, los médicos que aprobaron la oposición continuarían en sus actuales plazas hasta que se resuelva de nuevo el proceso selectivo, del que, por orden del Supremo, deberán ser repetidos el segundo ejercicio y la baremación de los méritos.
